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Después de una resolución negativa que pone fin a la vía administrativa, generalmente un abogado español prefiere interponer recurso de reposición. El propósito es ganar tiempo para interponer el recurso contencioso-administrativo porque, generalmente, la Administración no responde de manera expresa, sino que mantiene silencio (art. 46 LJCA: “1. El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto”).
En el derecho administrativo italiano, desafortunadamente el mecanismo es absolutamente diferente y más complejo. Es un proceso muy técnico, en el que la comisión de un error difícilmente puede remediarse.
Todos los actos administrativos italianos “ponen fin a la vía administrativa”, a menos que se especifique expresamente lo contrario o que se extraiga del proprio contesto de la ley. El uso de recursos administrativos (de alzada, de reposición…), es muy raro y generalmente desaconsejado por los abogados italianos, porque permite a la Administración de ampliar los motivos de la eventual denegación.
Por lo tanto, las disposiciones administrativas italianas deben ser recurridas judicialmente en el plazo de 60 ò (en el ámbito de los contratos públicos de otros sectores especiales) de 30 días (pero, en algunos casos, pueden ser recurridos con “Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica” en el plazo de 120 días, ex dPR n. 1199/1971).
En el mismo plazo, el recurso contencioso-administrativo debe ser notificado a la administración y, al menos, a una contraparte bajo pena de inadmisibilidad. El recurso tiene que ser notificado por el recurrente (y no por la Administración de Justicia italiana). El recurso administrativo italiano no se parece en nada al escrito de interposición en el derecho español que debe limitarse “a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando esta Ley disponga otra cosa” (art. 45 LJCA).
El recurso contencioso-administrativo italiano debe contener todas las motivos de recurso (!). Una vez presentado el recurso, no será posible introducir nuevos motivos, salvo en casos excepcionales (promulgación de nuevas disposiciones, descubrimiento de nuevos documentos…) a través del mecanismo de los motivos añadidos (en italiano, “motivi aggiunti”).
Esto significa que el abogado debe incluir TODAS las razones en su primer escrito. A la luz de esta consideración, en caso de que un ciudadano o una empresa tengan que impugnar una disposición de la Administración Pública italiana, debe contactar inmediatamente a un abogado italiano especializado en derecho administrativo, para proceder al estudio del asunto.
El bufete de abogados Sidoti y Asociados - a través de sus partners y colaboradores externos - proporciona asistencia (también en inglés y español) para ciudadanos y abogados en el campo del derecho administrativo italiano, que en Italia se refiere a todos los procesos contra de una autoridad pública (Gobierno italiano, Ministerios, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Universidades, Colegios profesionales...).
Para más información envíe un correo electrónico a al bufete Sidoti ( info @ studiolegalesidoti.eu ).